Urgen acciones inmediatas en defensa de la mujer

06 May 2021

El brutal femicidio de Paola Tacacho, la docente salteña que fue asesinada el año pasado por Mauricio Parada Parejas –a quien la víctima había denunciado más de una docena de veces por acoso y hostigamiento-, puso en evidencia la falta de respuestas por parte del Estado provincial ante casos en los cuales las mujeres se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad por la violencia machista. A seis meses del crimen de la profesora de Inglés, organizaciones feministas advierten que las medidas tomadas por las autoridades para tratar de revertir este escenario crítico están lejos de ser suficientes.

El último Registro Nacional de Femicidios elaborado por Mumalá señala que entre el 1 de enero y el 30 de abril se registraron en Tucumán cinco muertes violentas (3 femicidios directos, un femicidio vinculado, 1 transfemicidio). Estas cifras ubican a la provincia entre los distritos con mayores tasas de crímenes contra las mujeres. Según el relevamiento, el índice de Tucumán es de 0,5; a nivel nacional, este indicador es de 0,3.

El martes, la provincia fue escenario de la primera reunión del Consejo Federal de Prevención de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios de la región NOA. De este encuentro participaron tres funcionarios nacionales con competencia en la temática, quienes en la previa a la jornada mantuvieron una audiencia con las autoridades del Poder Judicial de Tucumán.

“De los 252 femicidios identificados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación solamente en 2019, unas 49 víctimas habían acudido antes a un juez o fiscal a hacer una denuncia”, señaló el ministro de Justicia de la Nación a la prensa, luego de la rueda de diálogo con el máximo tribunal de Tucumán. Las estadísticas brindadas por el funcionario nacional van en línea con los crudos relatos de las mujeres que sufren hostigamiento y violencia.

El pasado 30 de abril, una joven tucumana tuvo que recurrir a sus redes sociales para denunciar que su ex pareja seguía enviándole mensajes amenazantes. En su relato, la víctima detalló que la Justicia penal ya había dispuesto una restricción perimetral en contra del agresor, e incluso que se le había dictado prisión domiciliaria luego de un juicio abreviado, en el que el acusado había reconocido su responsabilidad en el delito a cambio de que se morigerara su castigo. Sin embargo, explicó, el hombre continuaba hostigándola. “Dada esta situación, tuve que dejar de juntarme con mis amigos y de asistir a mi lugar de estudio. Esta persona no deja de perseguirme y sabe todos mis horarios”, explicó.

Ayer, según dio a conocer una repartición del Estado provincial, la Justicia dispuso la prisión preventiva de 45 días con orden de traslado al penal de Villa Urquiza en contra del ex novio de la joven, en el marco de una nueva causa iniciada por amenazas y por desobediencia judicial. Para llegar a la medida privativa de la libertad, informó el Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia, se tuvo en cuenta “el incumplimiento de las medidas de protección ordenadas en la sentencia de juicio abreviado, dictada en la causa sobre violencia de género”.

La resolución judicial llegó horas después de la reunión del Consejo Federal de Prevención de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios del NOA. Allí se debatió sobre el preocupante estado de situación por esta problemática a nivel regional, y se advirtió sobre la necesidad de que las distintas áreas con competencia en el tema operen de manera articulada ni bien se toma conocimiento de una denuncia. El objetivo de este nuevo ámbito impulsado desde el Gobierno nacional implica –a decir de las autoridades- un “ambicioso desafío”, que es “terminar con las violencias extremas por motivos de género”. Es responsabilidad del Estado lograr que las respuestas lleguen en tiempo y forma a las víctimas, a fin de evitar que se repitan casos como el brutal femicidio de Tacacho. Organizaciones feministas advierten que para alcanzar esa meta falta un largo camino.

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