¿Cuáles son las causas de la violencia en Tucumán?

12 Jun 2021 Por Roberto Delgado
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La calma chicha de estos días sin fuertes hechos criminales ha sido una rareza en Tucumán. Hasta ayer. Con el tremendo asesinato ocurrido en Concepción, la provincia acumula 55 asesinatos en lo que va del año. En este duro contexto se intenta reflexionar sobre lo que pasa, tarea compleja a la que no se le halla la vuelta desde hace muchísimo tiempo. Demasiado. Federico Pelli, experto en seguridad, daba cuenta el año pasado de “1.500 fracasos en 20 años”, al referirse a los homicidios dolosos ocurridos desde 2001 hasta 2020.

En busca de orientación

¿Qué pasa en la provincia? Los funcionarios expresan su voluntad de saberlo: acaba de crearse un Centro Integral de Análisis de la Información sobre Delitos y Violencia. “Este trabajo nos permitirá tener resultados que nos orienten (...) a tomar decisiones y acciones políticas para revertir la violencia en general. Como primera medida, vamos a trabajar en conocer las causas más profundas de los casos de homicidios”, dijo el ministro de Seguridad, Claudio Maley. Será una oficina especial, con un director (Carlos Driollet, secretario de Lucha contra el Narcotráfico), una mesa de enlace y siete expertos universitarios ya seleccionados por concurso, todo en el marco de un convenio nacional con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que interviene Tobías Schleider, experto en seguridad y políticas públicas, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). La idea es analizar la violencia, “que es lo principal que está afectando en las calles de Tucumán”, dijo Driollet.

La situación, que se hizo inquietante desde que en 2014 se advirtió que se había duplicado el índice de homicidios (hasta entonces había 60 asesinatos por año) creció sin explicación en estos años. En 2019 fueron 141 homicidios y el año pasado cerró con un récord de 155, que aún no han sido incorporados a las estadísticas nacionales. Se espera para septiembre el informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que va a representar una curiosidad al reflejar los datos del país de la pandemia, que en muchos números serán diferentes, en función de las “anormalidades” del año 2020.

El registro anterior, referido a 2019, reflejaba aumento de los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad, y una explosiva suba (84%) de la tenencia simple para uso personal de estupefacientes. Detalle que se verá ampliado seguramente en el próximo informe.

A nivel país se registraba en 2019 un suave descenso de las muertes violentas -accidentes de tránsito y homicidios dolosos (con excepciones como Tucumán)- y preocupante mantenimiento de cifras de suicidios (fueron 120 ese año en nuestra provincia). En ese informe se daba cuenta de la abrumadora diferencia en la tasa de homicidios a nivel nacional ( 5,3 cada 100.000 habitantes) y a nivel Tucumán (8,4 cada 100.000 habitantes).

Paradoja tucumana

La estadística del SNIC había comenzado a reflejar mejoras en los registros de los años anteriores, según se anunciaba. Se habían actualizado cifras y se había cooperado con las provincias para mejorar la carga de datos. También se reflejó la incorporación de la perspectiva de género en la estadística delictiva. Se anunciaba el fortalecimiento (por etapas) de la articulación con los sistemas provinciales de producción de información delictual y de la interconectividad entre estos con SNIC.

Tucumán, que en los últimos años mostró la paradoja de la mejora de recolección de datos de homicidios junto con el tremendo aumento de las cifras de asesinatos, no tenía cómo hacer registros adecuados de otros delitos, a causa de deficiencias tecnológicas, comisarías sin computadoras ni internet, sistema expulsivo de recepción de denuncias y escasa o nula capacitación de operadores policiales. Este año se ha anunciado la llegada de la informatización a las comisarías (que se viene prometiendo desde hace 15 años), la compra de computadoras (hace poco se adquirieron equipos para la comisaría 10ª) y se implementó la denuncia digital, con la advertencia de que no había buena señal de wifi en una determinada proporción de las sedes policiales.

Relatividad de los registros

¿Qué efectividad tiene esto? El Ministerio Público Fiscal, entidad de la Justicia, ha dicho que ya está elaborando mapas del delito. No obstante, el Ministerio de Seguridad, entidad del Poder Ejecutivo, es más discreto. Por ahora espera trabajar solamente con los registros de homicidios. No tenemos ninguna entidad independiente que nos pueda dar una idea de cuán buena, regular o mala puede ser la recolección de datos criminales. La Nación ha prometido en el SNIC que se hará una encuesta de victimización –la última se hizo en 2017- que permite medir la cifra negra (la cantidad de delitos que no se denuncian) y la confianza de la comunidad en las fuerzas de seguridad. “Si hay un 70% de cifra negra, si la gente no va a denunciar porque la estructura la desestima -como sabemos que pasa en los barrios más vulnerables- es muy difícil tener idea de lo que pasa”, dice Pelli, que opina, no obstante, que “creería que este centro de análisis va a hacer las cosas un poco más serias de lo que se ha hecho siempre”. Por la forma en que se ha encarado y por las figuras involucradas. “Hacen falta estadísticas serias, no armadas y con puntos flojos, ni mapas del delito incompletos”, explica, y opina que seguramente el estudio de esta comisión va a arrojar datos de una realidad crudísima que podría hasta resultar contraproducente para el Gobierno. Los funcionarios deberán sostener ese trabajo para poder armar estrategias con el fin de reducir la furia, la agresión y el delito.

Factores de protección quebrados

Lo que se sabe de Tucumán es que hay una alta concentración de violencia en una pequeña proporción territorial (mayormente zonas periféricas). Pelli dice que en los barrios vulnerables hay factores de protección totalmente quebrados: 1) La familia. 2) La escuela (los jóvenes que tenían contención en la escuela y que están en el limbo quedaron totalmente desprotegidos en la pandemia). 3) La vida en comunidad en los barrios. Hoy están atravesados por flagelos: droga, ocio, alcoholismo, la posibilidad de entrar en la delincuencia sin barreras de contención. Hay una matriz que se debe estudiar, dice el experto. “En los homicidios la mayoría de víctimas y victimarios son jóvenes de entre 20 y 30 años”. 4) A eso hay que agregar inacción judicial o deficiente acción judicial (caso Paola Tacacho). 5) Falta de presencia policial en lugares y momentos donde ocurren habitualmente homicidios. 6) Mayor violencia en el delito, y no se conocen las causas con claridad, más allá de la explicación simplista de que inciden la droga o el alcohol, que necesita comprobación empírica. En esto entra también el fenómeno del delito callejero, en el que los motoarrebatadores reinan desde hace años sin que se halle la forma de frenarlos.

Todo esto debería surgir del análisis del nuevo equipo, que no son expertos en seguridad pública ni en estrategias. Saben de georreferenciación, estadísticas, tecnología digital o carga de base de datos.
Se trata del enésimo proyecto y parece serio. A partir de ellos se haría una estrategia para saber qué hacer. ¿Se hará por programas piloto? ¿Ayudará a mantener o redireccionar los programas nuevos –como el de Cuadrantes de patrulla- en un Ministerio de Seguridad debilitado por la sucesión de choques contra una realidad que parece inmodificable? Saber de dónde se viene debería ayudar a saber a dónde se va y a mirar el futuro con ideas para reducir el impacto de la violencia y pacificar la sociedad. Hace falta.

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