En manos del lobo

10 Jul 2021 Por Roberto Delgado
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El ruido ensordecedor de la tragedia de la villa “La Chabela” de Lules ha comenzado a asordinarse. Casi convencidos de que no será posible hallar los restos de Rocío Rojas, los investigadores trabajan en la búsqueda de pruebas contra los acusados del asesinato: la madrina de la niña, su pareja y su yerno. La escabrosa historia de la niña -que se ha esbozado con testimonios de vecinos y con dos “declaraciones espontáneas” que generaron sospechas en el fiscal Ignacio López Bustos- debería generar amplia inquietud social por el riesgo a que están sometidos miles de niños. Eso muestra esta tragedia. Es la muerte de Rocío y todas las agresiones invisibilizadas que pueden estar ocurriendo. “Los sistemas están totalmente deshumanizados”, dijo la licenciada en Trabajo Social Graciela Salazar.

Esa deshumanización se intuía ante el silencio ensordecedor de hace un año de los organismos estatales responsables de los niños, tibiamente interpelados entonces, cuando fue la tragedia de otra niña, Érika, de 3 años, también víctima de un contexto extremo hecho de violencia y miseria. Fueron tibiamente interpelados porque se citó a los responsables de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) a dar explicaciones en la Legislatura y nada dijeron, y también se trató de indagar sobre las actuaciones judiciales al respecto, aunque sólo fueron intenciones. Todo quedó en la nada, al menos públicamente.

De sospechas a certezas

Por ello es que hasta hace cuatro días había sólo “sospechas” de que la Dinayf “no está haciendo bien su tarea”, como señaló en su crítica Luis Colombres Garmendia, del Equipo de Adopción. Velo de misterio, secretismo, acciones para que todo quede en un manto de olvido, agregó Colombres Garmendia, para describir esas tareas bajo sospecha. Pero añadió que ya se escuchaba el grito ensordecedor: “mientras el silencio de los desamparados clama justicia”, dijo, y describió lo que todos vemos a diario: “cientos de niños que se ven mendigando o vendiendo por las calles, sin nadie que los tutele”.

Esas sospechas se cargaron de datos un día después, cuando los operarios de la misma Dinayf dieron a conocer que estaban trabajando trabados, sin elementos, ocupándose cada uno de entre 70 y 100 niños en riesgo (dieron la cifra de unos 3.000 chicos en esas condiciones) pero sin posibilidades de atenderlos realmente.

Después se conoció que en el caso de Rocío la operadora que debió informar sobre la madrina que se había llevado a la pequeña hizo la entrevista “por teléfono” y escribió cualquier cosa. La escalada de denuncias continuó con el Colegio de Trabajadores Sociales y el de Psicólogos, que dijeron que habría personal no capacitado ni habilitado para firmar informes en la Dinayf, lo cual fue -dijeron- denunciado en 2017, además de situaciones de riesgo de los mismos operadores territoriales.

Anteayer se conoció la sentencia exhortativa de la jueza de Familia Claudia López, que marca el déficit de intervención de la Dinayf. En el fallo se cuestiona severamente la falta de respuesta de los oficios judiciales, que se derivó en apercibimientos que generaron respuestas apuradas de los funcionarios, “muchas veces carentes de rigor profesional”.

¿Qué genera esto? Falta de respuestas a malos tratos a niños, o iniciación de causas por malos tratos sin que hayan sido constatadas. La jueza emplazó al mismo gobernador Juan Manzur para que se cree una mesa interinstitucional para identificar las debilidades del funcionamiento de la Dinayf y para que ponga los recursos humanos y materiales suficientes para que se pueda trabajar eficientemente.

Plazos por vencer

Pero... ¿le harán caso? El miércoles vence el plazo de 90 días que le había dado en abril la defensora nacional de Derechos del Niño, Marisa Graham, que había estudiado el funcionamiento de la Dinayf e hizo un diagóstico. Lapidario. Falta todo, en momentos en que la crisis lleva a muchísima gente al abismo de la pobreza y la indigencia. ¿Cuánto incide eso en la violencia y en el abandono de la infancia vulnerable? ¿O, más claro, de los 3.000 niños que mencionan los operadores sociales?

En la semana que pasó se fueron develando estas insuficiencias. Se supo mucho más que en todo el año de silencio desde la muerte de Érika. El legislador José Ricardo Ascárate -que el año pasado había empujado en la Legislatura por la convocatoria a dar explicaciones a los responsables de la Dinayf y al ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, ahora propone que la Cámara Legislativa se constituya como una comisión investigadora, para romper el silencio abrumador, que es tan grande como el grito de los niños vulnerados. “Lo que no se puede esconder es la realidad… sigue pasando e irá creciendo si se actúa como hasta ahora”, dice el legislador.

Pero no se sabe si se ha llegado hasta el fondo. Graciela Salazar dice que en el sistema entero, deshumanizado, “fallan todas las redes de contención y se pasan todos la pelotita. Urge un protocolo de intervención y de articulación”. ¿Como puede ocurrir esto? A medida que se asordinan los ruidos de la tragedia de Rocío, la situación de los niños vulnerables apenas mueve el amperímetro en una sociedad sacudida por las emergencias y permite el silencio de los responsables. Lo que estremece más es que ese silencio deja a las víctimas en manos del lobo.

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